Las consultas públicas se llevan a cabo como parte de un proceso constitucional para buscar activamente las aportaciones de los ciudadanos y de grupos organizados sobre el contenido constitucional y el proceso de elaboración de la constitución. En un proceso participativo, las comunicaciones del órgano de elaboración constitucional (OEC) sobre sus actividades, la educación cívica y las consultas públicas son tareas interdependientes. Estos mecanismos participativos tienen el potencial de ayudar a los OEC a desarrollar mecanismos de retroalimentación bidireccionales, considerar debidamente las aportaciones informadas de los ciudadanos y permitir que los ciudadanos comprendan las decisiones reflejadas en la nueva o revisada constitución.