En los conflictos violentos actuales, los civiles siguen siendo objetivos de guerra deliberados, en contravención de las Convenciones de Ginebra. Una de las formas más devastadoras de violencia que se ejerce contra la población civil es la violencia sexual relacionada con los conflictos. Se trata de una forma de violencia de género que hace que las mujeres y las niñas se lleven la peor parte de la violencia sexual relacionada con los conflictos, aunque también se dirige contra los hombres, los niños y las personas LGBTI.

La violencia sexual relacionada con los conflictos es tan antigua como la guerra misma. Se ha utilizado como método de guerra desde tiempos inmemoriales y en conflictos que van de la Segunda Guerra Mundial a Bosnia, de la República Democrática del Congo a Colombia, de Myanmar a la República Árabe Siria y de Iraq a Sudán. Es una grave violación de los derechos humanos que se utiliza como táctica de guerra y terrorismo para desplazar poblaciones, traumatizar comunidades, debilitar principios éticos, menoscabar la cohesión cultural familiar y comunitaria, y violar los derechos reproductivos de las mujeres. De gran eficacia, su uso puede infundir miedo en las comunidades, desencadenar actos de venganza y violencia renovada, minar los esfuerzos de paz y mediación, y provocar estigmatización y aislamiento, traumas sanitarios, psicológicos y reproductivos, y repercusiones educativas, económicas y políticas intergeneracionales para los supervivientes y sus familias.

Dependiendo de las circunstancias del delito, la violencia sexual relacionada con los conflictos puede constituir un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad, un acto de tortura o un acto constitutivo de genocidio, de acuerdo con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El Consejo de Seguridad ha reconocido en una serie de resoluciones que la violencia sexual, cuando se utiliza como método o táctica de guerra o terrorismo, constituye una amenaza para la seguridad internacional y un impedimento para la paz. En reconocimiento de que la eficacia en la prevención, la disuasión y la respuesta a la violencia sexual relacionada con los conflictos requiere liderazgo político y rendición de cuentas, así como un enfoque centrado en los supervivientes, el DAPCP ha dado prioridad al tratamiento de la violencia sexual relacionada con los conflictos como parte fundamental de su trabajo en lo que respecta a las mujeres, la paz y la seguridad y la mediación.

Las Naciones Unidas exigen a sus mediadores que aborden la violencia sexual relacionada con los conflictos. En 2012, el Departamento de Asuntos Políticos (DAP) publicó una Guía para los mediadores: Cómo abordar la violencia sexual relacionada con los conflictos en el curso de las hostilidades y en los acuerdos de cesación del fuego.

Sus principios clave incluyen la obligación de procurar activamente que las partes participen en las discusiones sobre esta cuestión y trabajar para lograr compromisos firmes que pongan fin a todos los actos de violencia sexual relacionada con los conflictos. En esta Guía también se establece que la violencia sexual relacionada con los conflictos debe ser incluida en la definición de los actos cubiertos por un cese al fuego, vigilada junto con otras posibles violaciones del cese al fuego y excluida de las disposiciones de amnistía.

Sudán: 3 de octubre de 2020, Acuerdo de Paz de Yuba

Tras el derrocamiento en 2019 del presidente Al-Bashir en Sudán, se negoció el Acuerdo de Yuba para la Paz entre el Gobierno de transición y varios movimientos armados, entre ellos la facción Minni Minawi del Ejército de Liberación de Sudán, el Movimiento Justicia e Igualdad y la facción Malik Agar del Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés-Norte. El Acuerdo pretendía poner fin a los conflictos que habían asolado Sudán durante décadas e incluye varios protocolos específicos para cada región y un protocolo sobre cuestiones nacionales.

El Acuerdo contiene disposiciones que:

• Recogen la violencia sexual contra las mujeres, que constituye una violación del derecho internacional y del derecho interno pertinente, como acto prohibido en virtud del Protocolo de Cese al Fuego Permanente y Acuerdo Final de Seguridad.
• Excluyen la violencia sexual del ámbito de aplicación de la amnistía general contemplada en el Acuerdo.
• Establecen que las Partes del Acuerdo deben prestar especial atención a la protección de las mujeres desplazadas internas y refugiadas, de la infancia y de todos los demás grupos vulnerables frente a todas las formas de acoso, explotación y violencia sexual o de género.